Unidad IV. El Proceso y los Actos Procesales

Tema No. 16. Los Principios Procesales

Contenido:

A. Los Principios Procesales

1. Definición

2. El principio axiológico fundamental: La justicia

B. Principios en Orden al Desarrollo del Proceso

1. Principio dispositivo y principio inquisitivo

2. Principio de la dirección formal y material del proceso

3. Principio de la preclusividad procesal

4. El principio de estar a derecho

C. Principios en Orden a la Defensa Procesal

1. Principio de la contradicción

2. Principio de la igualdad procesal

3. Principio de lealtad y probidad

D. Principios de Orden Externo al Proceso

1. Principio de la economía procesal

2. Principio de la publicidad

3. El principio de responsabilidad

a. Responsabilidad de las partes

b. Responsabilidad del juez  

_________________________

A. Los Principios Procesales

1. Definición

     El proceso, como también el procedimiento, se rige, en general, por diferentes principios, aun cuando las legislaciones positivas no se afilian a ningún sistema puro.

     No obstante, debemos tener claro qué significa el término “principio”. La palabra principio puede indicar dos cosas: en primer lugar, denota la idea de comienzo u origen y, en segundo lugar, puede aludir a fundamento o base. Cuando se habla de principios jurídicos se apunta a un conjunto de directrices normativas que sirven para la interpretación y aplicación del Derecho.

     Si a la noción de principios jurídicos se le coloca el calificativo de procesal se quiere aludir a las bases axiológicas del proceso, es decir, al conjunto de enunciados verdaderos verificados por una comunidad científica que sirve de sustento a la normativa que regula el proceso.

     En ese sentido podemos definir los principios procesales como “aquellas reglas de valoración que se deducen del ordenamiento jurídico y que sirven de fundamento para la interpretación y aplicación de las normas procesales en atención a un criterio axiológico primario: la realización de la justicia” (Rafael Ortíz Ortíz).

     Es necesario destacar, establece el autor, que los principios no son normas jurídicas, pero la mayoría de las normas jurídicas tiene su base y soporte en un principio.

     Tampoco se encuentra en el ordenamiento jurídico un catálogo de normas que “contengan” los principios pero se extraen o se deducen de las normas procesales, en particular, de las llamadas disposiciones o principios fundamentales con que se inicia el Código de Procedimiento Civil y la propia Constitución.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Enrique Véscovi. Pág.: 51.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 465 y ss.

·     “Derecho procesal civil”. Tomo I. Autor: Humberto Cuenca. Págs.: 254 y ss.

2. El principio axiológico fundamental: La justicia

     Es cierto que la variabilidad de opiniones no es un defecto de la ciencia del Derecho, antes bien en casi todos los campos donde se permita “disentir de criterios”, por lo general encontramos varias maneras, y aparentemente válidas desde el punto de vista que se coloque el observador, pero prácticamente irreconciliables.

     El mismo Aristóteles, para quien la justicia era la virtud de las virtudes, acepta que en la aplicación de la Ley y de la justicia, se cometan equívocos e inequidades, no es extraño que la justicia se simbolice como una dama ciega que, sin atender a las peculiaridades de cada caso, se aplique como norma general; empero en nombre de la justicia se han cometido los más grandes atropellos.

     Entonces, las interrogantes a resolver serían:

     ¿Cómo evitar que lo que es justo para alguien no lo sea para otros?

     ¿Cómo evitar la relatividad de los valores en general y de la justicia en particular?

     La respuesta es evidente: Si algo es “justo” para alguien no puede ser injusto para otro porque, en tal caso, no es justo para ninguno. El mismo razonamiento se aplica a la bondad: si algo es “bueno” para alguien no puede ser malo para otro porque, en tal caso, estaríamos en presencia de un cruel egoísmo, lo cual no es bueno.

     Los principios como los valores, simplemente valen y su captación depende de la mirada del observador; nadie encontrará belleza en un cuadro o en una puesta de sol si no tiene el alma preparada para captarla; nadie podrá entender la diferencia entre el bien y el mal, si su corazón no está lleno de bondad.

     Asimismo, nadie podrá denotar la distancia entre la justicia y la injusticia, si no se trata de un alma y un corazón noble. En tal sentido, la justicia es la razón de ser del Derecho, desde Aristóteles se decía que “la ley que no es justa, no puede ser ley”.

     De igual manera, el proceso debe ser esencialmente justo porque, en caso contrario, estamos ante un proceso injusto y, por tal, anulable. Esto encuentra fundamento de carácter constitucional en nuestra Carta Magna cuando el artículo 257 establece: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”.

·    “Introducción a la Teoría General de los Valores y a la axiología jurídica”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 258.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 467 y 468.

B. Principios en Orden al Desarrollo del Proceso

     Los principios a desarrollar en este tema constituyen los más esenciales, básicos o fundamentales. Son aquellos principios elementales para el desarrollo o la evolución del proceso, sustanciales para llevar adelante el proceso hasta su respectiva culminación (sentencia).

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 468.

1. Principio dispositivo y principio inquisitivo

     Originariamente, el principio dispositivo se sustenta de la visión subjetiva o privatista que se tiene del proceso (como una de las dos tesis fundamentales del proceso: la objetiva y la subjetiva), es decir, el principio nace o se origina porque lo importante son los derechos o intereses privados que se discuten en el proceso.

     En tal sentido, según Rengel Romberg, entendemos por principio dispositivo o de presentación de las partes, cuando corresponde exclusivamente a éstas determinar el alcance y contenido de la disputa judicial y queda el tribunal limitado a la sola consideración de lo que los litigantes han planteado ante él.

     Con el proceso dispositivo o bien “principio procesal dispositivo” los poderes del juez son limitados y condicionados por la actividad de las partes.

     Veamos algunos ejemplos del principio dispositivo en el ordenamiento procesal venezolano:

     1) El proceso sólo puede iniciarse a instancia de parte (Nemo iudex sine actore) o, lo que es lo mismo, el juez no puede proceder de oficio sino bajo expresa autorización de la ley (Ne procedat iudex ex officio), establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil.

     2) Al juez se le prohíbe resolver cuestiones no alegadas ni probadas, y las sentencias que concedan algo diferente a lo solicitado (citra petita), menos de lo solicitado (minus petita) y más de lo solicitado (ultra petita) son nulas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.

     3) La iniciativa probatoria le corresponde como carga procesal, a las partes; el juez tiene tal iniciativa por expresa autorización de ley.

     Por el contrario, el principio inquisitivo encuentra su fundamento en las teorías objetivas de la jurisdicción, abstractas de la acción y publicista del proceso; las cuales explican que, en cualquier proceso, siempre existe un interés público y social que el Estado debe tutelar; tal interés justifica la intervención del Estado en lo que, en principio, era sólo problema de los litigantes, en consecuencia, se dota al juez de mayores facultades y mejores posibilidades de dirigir el debate e intervenir en él.

     En tal sentido, entendemos que el principio inquisitivo (según Rengel Romberg) otorga al juez la posibilidad de iniciar un proceso según su voluntad y la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan. 

     En otras palabras, con el llamado proceso inquisitivo (principio procesal inquisitivo) la relación procesal vendría en realidad a disolverse, reducida a mera sujeción de las partes al juez.

     Un ejemplo de este principio en nuestro ordenamiento procesal vigente lo encontramos en todos aquellos casos en que las partes no tienen la libre disponibilidad de la relación jurídico-privada, que es el objeto del juicio, como son aquellos en que se debate acerca del estado y capacidad de las personas (matrimonio, interdicción, inhabilitación) en los cuales se quiere garantizar que la actividad administrativa (como observa Calamandrei) necesaria para modificar ciertas relaciones de derecho privado, que es socialmente útil mantener sin variación mientras falten los presupuestos de modificabilidad o de anulabilidad rigurosamente previstos por la ley, no pueda ser prestada por el Estado sino en virtud de pronunciamiento jurisdiccional que declare la existencia de tales presupuestos.

     En nuestro país existe una mixtura, en el proceso civil, de predominio del principio dispositivo con algunos elementos inquisitivos previamente previstos por el legislador.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 468 y ss.

·    “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo código de 1987”. Tomo I. Teoría general del proceso. Autor: Arístides Rengel-Romberg. Págs.: 183 y ss.

·    “Derecho Procesal Civil”. Autor: Piero Calamandrei. Págs.: 81 y ss.

·    “Estudios de Derecho Procesal Civl”. Autor: Mario Pesci-Feltri Martínez. Págs.: 40 y ss.

2. Principio de la dirección formal y material del proceso

     Denominado por algunos autores “principio del impulso procesal” o “principio de impulso del proceso por el juez” se encuentra relacionado directamente con el principio inquisitivo y consiste (a decir de Devis Echandía) en que una vez iniciado el proceso debe el juez o el secretario, según el acto de que se trata, impulsar su marcha sin necesidad de que las partes lo insten a hacerlo.

     En otras palabras, se trata de un juez vigilante de la dirección formal del proceso en cuanto a sus lapsos y etapas, este principio lo encontramos dispuesto en la ley adjetiva civil vigente, en su artículo 14.

     La dirección del proceso es independiente del deber de impulso a cargo de las partes, quienes tienen la carga procesal de instar en el proceso para lograr el cumplimiento de las fases necesarias para obtener la sentencia definitiva; el incumplimiento de tales cargas generan, como perjuicio en el propio interés, la perención de la instancia.

     En ese orden de ideas, el principio de la dirección formal del proceso se inspira en la valoración del interés público y social que se desprende de cualquier proceso judicial. En todo proceso, existe siempre el interés del Estado en cuanto a la vigencia del ordenamiento jurídico y, en particular, al logro de los fines del Derecho que son, a fin de cuentas, los mismos fines del Estado: La seguridad jurídica, el bienestar común y la justicia.

     Aunado a lo anterior, también se ha planteado que el juez tiene una dirección material del proceso, que significa la posibilidad de que el juez pueda intervenir con mayor eficacia en la realización de los actos procesales, disponiendo de ciertas iniciativas para el logro de la verdad.

     En resumen, mientras la dirección formal tiene que ver con el impulso del juez para que el juicio llegue a su conclusión, la dirección material tiene que ver con la directa intervención del juez en la realización de los actos procesales disponiendo, por ejemplo, de amplias iniciativas probatorias.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 470 y 471.

·    “Compendio de Derecho Procesal Civil”. Autor: Hernando Devis Echandía. Pág.: 47.

3. Principio de la preclusividad procesal

     El maestro Luis Loreto comenta en una de sus obras jurídicas que la palabra “preclusión” no es castellana sino un italianismo que empleaban los juristas para denotar la idea de que, cumplidos determinados actos de conocimiento y transcurridos algunos términos señalados procesalmente, la parte no puede ya realizarlos cerrándose la oportunidad de efectuarlos: está precluso.

     Asimismo, comenta Devis Echandía con relación a este principio que, el proceso se entiende como una división de actos, momentos o períodos que algunos han calificado como comportamientos estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera que determinados actos deben corresponder a determinado período, fuera del cual tales actos serían extemporáneos y, por consiguiente, sin ningún valor.   

     Loreto comentando a Chiovenda, enseña que, la preclusión es un instituto que corresponde a la esfera del derecho procesal, cuya esencia es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal por el solo hecho de que se han alcanzado los límites establecidos por la ley. Termina su exposición (se refiere a Chiovenda) diciendo que entiende por preclusión la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal que se sufre por las más variadas situaciones.

     La preclusión no está consagrada como principio en el ordenamiento procesal venezolano, sino se encuentra de modo implícito en las regulaciones sobre los efectos que produce el incumplimiento de alguna carga procesal; así, por ejemplo, la ley fija la oportunidad para promover medios de pruebas en el procedimiento ordinario, si no se promueven precluye la oportunidad para presentarlas y, como efecto adverso, está en la imposibilidad jurídica de promover pruebas después. No obstante la base legal de este principio lo encontramos implícito en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, repárese que la preclusión de los lapsos va unida a la improrrogabilidad de los términos o lapsos procesales.

     Concluye Luis Loreto que la preclusión aparece como manifestación de tres situaciones diferentes, a saber:

     a) Por omitirse la oportunidad establecida por la ley para la realización de un determinado acto procesal (preclusión temporal).

     b) Por haberse realizado una actividad incompatible con el ejercicio de otra actividad (preclusión lógica).

     c) Por haberse ya ejercido válidamente la facultad procesal (preclusión consumativa).

·    “El instituto de la preclusión en el Derecho Procesal Civil venezolano, en Ensayos Jurídicos”. Autor: Luis Loreto. Págs.: 69 y ss.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 472 y ss.

·    “Compendio de Derecho Procesal Civil”. Autor: Hernando Devis Echandía. Pág.: 49.

4. El principio de estar a derecho

     Establecido en el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; este principio significa que las partes, una vez que han sido citadas para la contestación de la demanda, quedan a derecho para todos los actos subsiguientes del proceso.

     En otras palabras, según Rengel Romberg, se coloca a los litigantes en la situación procesal de poder tener conocimiento legal de todos los actos del proceso, sin necesidad de notificaciones ni traslados de las actuaciones a las partes, creándose de este modo una suerte de carga que grava a cada litigante y lo lleva, por imperativo de su propio interés, a estar vigilante para poder controlar los actos que realicen la contraparte o el juez y ejercitar en tiempo oportuno las objeciones, recursos e impugnaciones que fueren procedentes en beneficio de su situación en el proceso.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 474 y ss.

·    “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo código de 1987”. Tomo I. Teoría general del proceso. Autor: Arístides Rengel-Romberg. Págs.: 186 y ss.

C. Principios en Orden a la Defensa Procesal   

     Otros principios apuntan, especialmente, a que las partes puedan desplegar con mayor eficacia sus oportunidades y medios de defensa, es decir, procurando favorecer el carácter dialéctico del proceso y evitando cualquier circunstancia que pueda afectar el conjunto de factores que integran el derecho a la defensa.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 476.

1. Principio de la contradicción

     Véscovi explica que la igualdad supone la bilateralidad y la contradicción, esto es, que el proceso se desarrolla, aunque bajo la dirección del juez, entre las dos partes, con idénticas oportunidades de ser oídas y admitida la contestación de una a lo afirmado por la otra, en forma de buscar, de esa manera, la verdad. El juez, al sentenciar, conoce los argumentos de ambas partes.

     En ese orden de ideas y dirección, el maestro Humberto Cuenca señala que si el proceso es dialéctico, si esencialmente se suscita por conflictos de intereses particulares y públicos, es lógico que ese choque de intereses se refleje en el curso del proceso en forma contradictoria. Su fin es resolver estas disidencias sociales y, por ello, la pugna es lo que impulsa y desenvuelve la relación procesal. De allí que el principio de contradicción, o sea, la antítesis de pretensiones, resulte esencial para que se provoque la controversia.

     Este principio, debe decirse, se aplica al llamado procedimiento contencioso pues, al existir un conflicto de intereses o una controversia jurídicamente relevante, entonces, frente a la pretensión del actor, debe existir la posibilidad de contradecir, es decir, de postular una pretensión diferente, contraria, etc.

     Se trata de la primera y más importante manifestación del derecho a la defensa.

     El Código Orgánico Procesal Penal dispone que en el procedimiento penal debe regir el contradictorio (el acusador y el acusado o imputado) y, de seguidas, el principio que deriva de la contradicción: auditur et altera pars, nadie puede ser condenado sin ser oído.

     Este principio se relaciona directa o indirectamente con el de la defensa, cuyo desconocimiento determina la nulidad del juicio.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Enrique Véscovi. Pág.: 63.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 476 y 477.

·     “Derecho procesal civil”. Tomo I. Autor: Humberto Cuenca. Pág.: 256 y ss.

2. Principio de la igualdad procesal

     Para Rengel Romberg este principio busca asegurar que los tribunales mantengan a las partes en los derechos y facultades comunes a ellos, sin preferencias ni desigualdades; y en los privativos de cada una, que las mantengan respectivamente, según lo acuerda la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género (Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil).

     Así mismo, expresa Rengel Romberg que, con este principio, se asegura la igualdad de las partes en el ámbito de los términos y recursos al establecer el artículo 204 eiusdem que “los términos y recursos concedidos a una parte, se entenderán concedidos a la otra, siempre que de la disposición de la ley o de la naturaleza del acto no resulte lo contrario”.

     En ese sentido, Devis Echandía expresa que la igualdad procesal implica, en primer lugar, que en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para realizar su defensa, y tiene su fundamento en el principio general del derecho de la igualdad ante la ley; en segundo lugar, no son aceptables los procedimientos privilegiados, al menos en relación con la raza, fortuna o nacimiento de las partes.   

     Para Ortíz Ortíz la igualdad procesal se conecta directamente con el derecho a la defensa, en el sentido de mantener a las partes en igualdad de condiciones procesales.

     Este principio se encuentra establecido tanto en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 15 y 204; así como también en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 12.

·    “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo código de 1987”. Tomo I. Teoría general del proceso. Autor: Arístides Rengel-Romberg. Págs.: 195 y ss.

·    “Compendio de Derecho Procesal Civil”. Autor: Hernando Devis Echandía. Pág.: 38.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 478 y ss.

3. Principio de lealtad y probidad

     En las Disposiciones Fundamentales del Título Preliminar, el vigente Código de Procedimiento Civil introdujo el principio de lealtad y probidad en el proceso, que no existía en el código derogado. La base legal de este principio lo encontramos en el artículo 17 del CPC en concordancia con el artículo 170 eiusdem. La primera, dirigida al juez y, la segunda, relativa a los deberes de las partes y de los apoderados.

     Se trata de una materia delicada que ha preocupado siempre a los sujetos del proceso, porque en ella intervienen la conciencia moral del sujeto y las condiciones objetivas que determinan la moralidad de los actos humanos.

     El proceso, según comenta Devis Echandía, no es considerado como una actividad privada, ni las normas que lo regulan son de Derecho privado, sino por el contrario, el Estado y la sociedad están íntimamente vinculados a su eficacia y rectitud; de allí que deben considerarse como principios fundamentales del procedimiento los de la buena fe y la lealtad procesal de las partes y del juez.

     Para Devis Echandía la lealtad procesal es consecuencia “de la buena fe en el proceso, y excluye las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, las inmoralidades de todo orden.

     Otro ejemplo lo encontramos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo cuando el legislador procesal laboral estableció este principio en su artículo 48.

·    “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo código de 1987”. Tomo I. Teoría general del proceso. Autor: Arístides Rengel-Romberg. Págs.: 188 y ss.

·    “Compendio de Derecho Procesal Civil”. Autor: Hernando Devis Echandía. Pág.: 54.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Págs.: 480 y 481.

D. Principios de Orden Externo al Proceso

     La tercera forma de catalogar los principios es aquella que apunta a ciertas características no esenciales o eventuales (como la economía procesal) o manifestaciones externas del proceso (principio de publicidad).

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 481.

1. Principio de economía procesal

     El proceso, que es un medio, no puede exigir un dispendio superior al valor de los bienes que están en debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre el fin y los medios debe presidir la economía del proceso.

     Por aplicación de este principio, los procesos modestos en su cuantía económica, son objeto de trámites más simples, aumentándose las garantías a medida que aumenta la importancia económica del conflicto.

     Humberto Cuenca explica (citando a Jiménez Asenjo) que el principio de economía procesal “consiste en el ahorro de tiempo y de dinero en la actividad procesal, o más propiamente, en la obtención de la finalidad del proceso, que es realizar el derecho, con el mínimo de gasto y esfuerzo. Pero realmente, el fundamento de este principio es la necesidad de hacer accesible la justicia al pueblo, a los justiciables, con el menor costo posible.

     Se dice que el principio de economía procesal es la consecuencia del concepto de que “debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de la actividad procesal”; sobre este principio se sustenta la improponibilidad manifiesta de la pretensión declarada in limine litis, cuando la pretensión, si bien no está prohibida por la ley, sin embargo, se sabe de antemano que no tendrá ningún éxito.

·    “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Autor: Eduardo Couture. Págs.: 155 y 156.

·    “Derecho procesal civil”. Tomo I. Autor: Humberto Cuenca. Págs.: 269 y ss.

·    “Teoría general de la acción procesal en la tutela de los intereses jurídicos”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 433 y ss.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 482.

2. Principio de la publicidad

     Para Cuenca “este principio consiste en la garantía que tienen todos los ciudadanos de percibir directamente los actos que se realicen en el ámbito judicial. Tiene dos (2) fases:

     a) Popularidad, de carácter interno, que es la participación del pueblo en la administración de justicia a través de jurados y de escabinos y;

     b) Publicidad, de carácter externo, que es el derecho que tienen los ciudadanos de presenciar las actuaciones judiciales.

     A través de este principio se asegura el desenvolvimiento del proceso en tal forma que cualquier persona, bien sea parte o extraño a la causa, pueda imponerse de las actuaciones que se realicen o existan en los tribunales, estableciéndose la publicidad de los actos, salvo que por causa de decencia se ordene proceder a puertas cerradas; y pudiendo cualquier persona tomar los datos y copias simples que requiera, de autos existentes en el tribunal sin previo decreto o autorización del juez (artículos 24 y 190 del Código de Procedimiento Civil).

     Señala Rengel Romberg que la justicia se encuentra sometida, así, al directo control y examen tanto de las partes como del público en general, no existiendo la posibilidad, vigente en otros tiempos, de una justicia secreta o de gabinete, extraña a la concepción democrática de nuestro tiempo, única capaz de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

·    “Derecho procesal civil”. Tomo I. Autor: Humberto Cuenca. Págs.: 271 y ss.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 483.

·    “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo código de 1987”. Tomo I. Teoría general del proceso. Autor: Arístides Rengel-Romberg. Págs.: 195 y ss.

3. El principio de responsabilidad

     Este principio no es otra cosa, como lo explica Rengel Romberg, que la proyección necesaria en el campo del proceso civil del precepto constitucional según el cual el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la ley. Sin embargo, el análisis que hace el autor se centra en el derogado texto constitucional de 1961 y no diferencia la responsabilidad de las partes con respecto de que corresponde al juez.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 483.

a. Responsabilidad de las partes

     En efecto, las partes son responsables no sólo por su actuación con temeridad o mala fe que, como vimos, se sanciona con la posibilidad de que se le exija responsabilidad por daños y perjuicios; además de ello, interesa señalar que las partes son responsables por los gastos del proceso, los cuales deben ser resarcidos con la institución de costas procesales, y de igual modo la responsabilidad por abuso de derecho o por la trabazón ilegal o inconstitucional de medidas cautelares (embargo, secuestro o prohibición de enajenar y gravar).

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 483.

·    “El poder cautelar general y las medidas innominadas en el ordenamiento jurídico venezolano”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 374 y ss.

b. Responsabilidad del juez

     El juez es responsable tanto individual como solidariamente con el Estado por las actuaciones procesales cuando se haya causado un perjuicio a los justiciables o a terceros.

     Esta responsabilidad está prevista tanto cuando los daños se hayan causado por alguna actuación positiva como por la omisión culposa o dolosa y la misma haya causado daños a cualquiera de las partes o los terceros. Artículo 49 de la vigente Constitución.

     De igual modo el Estado garantiza una justicia responsable (artículo 26 constitucional) y todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos y garantías constitucionales genera responsabilidad penal, civil y administrativa a los funcionarios que lo ejecuten.

·    “Teoría General del Proceso”. Autor: Rafael Ortíz Ortíz. Pág.: 484.